¿Qué es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental?

La Ley Federal de Transparencia tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Sus objetivos son:

I.    Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II.   Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;

III.  Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;

V.  Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y

VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

A partir del 12 de junio del 2003 la Ley obliga al gobierno federal a abrir sus archivos. Ahora, toda persona puede solicitar a las dependencias y entidades cualquier documento que contenga información pública y obtenerla en forma rápida y sencilla. Toda decisión, toda omisión, toda acción emprendida por los funcionarios públicos (institucional, administrativa, presupuestal, política, etc.), estará sujeta al escrutinio de cualquier persona en el momento en que lo requiera.

Los documentos podrán estar en cualquier medio: escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Dependiendo la modalidad de entrega, el individuo deberá cubrir únicamente los gastos de envió de conformidad con las tarifas aplicables.

Para cumplir con las obligaciones que la Ley le impuso a la Administración Pública Federal y para darle forma a este derecho, el propio precepto ordenó la organización de Unidades de Enlace como vínculo entre la dependencia o entidad y el solicitante, así como Comités de Información que confirmen, modifiquen o revoquen la clasificación de la información hecha por los responsables de las unidades administrativas de cada dependencia o entidad; y la creación de un organismo especializado que dirima controversias entre particulares y autoridades de la Administración Pública Federal respecto de la clasificación de la información.

Ese organismo es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).